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Elefantes en el Bazar
por Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC


En el desafortunado caso de las papeleras uruguayas, el actual gobierno de Argentina se ha venido desempeñando con la elegancia de varios elefantes en un bazar –y con similares resultados. Ahora, ¿quién paga los platos rotos?

No hay que recordarle a la gente la fama que los argentinos cargamos a cuestas desde que nuestro ejecutivo decidió dar por “no pagable” el 70% de la deuda en Bonos de la Deuda Argentina, algo que perjudicó a varios miles de jubilados italianos y de otras países, que habían invertido en tan riesgosa mercadería, y que nos hará llevar por años la fama de tramposos. Acerca de nuestra seguridad jurídica, se dice en el mundo: “Quien se acuesta con chicos, amanece mojado”.

Una situación similar de aparecer como algo tramposos es el actual conflicto con las plantas de pulpa de celulosa que las fábricas Botnia y Ence van a instalar en Uruguay. Y una ligera enumeración de hechos acontecidos en estos últimos meses ilustra la manera en que nuestro gobierno ha politizado y “nacionalizado” un conflicto que jamás debió permitir que naciera.

  1. Nuestra Cancillería acusa al Uruguay de incumplir el tratado CARU, al no avisar que instalaría las plantas sobre el Río Uruguay y hacerlo de manera inconsulta. Lo dice en su informe del 3 de febrero, 2006:

    “Al autorizar unilateralmente las plantas proyectadas, la República Oriental del Uruguay vulnera las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional general y del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Por otra parte, las empresas que proponen los proyectos no cum-plieron con los recaudos jurídicamente requeridos en sus países de origen en los casos de proyectos que pueden tener efectos ambientales transfronterizos.”

La política exterior argentina parece estar dirigida y asesorada por un pequeño grupo de piqueteros asambleístas de Gualeguaychú, y por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente de la Argentina (Cedha) que, de acuerdo a La Nación:

“… denunció ayer ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la empresa finlandesa Botnia por presuntamente incumplir las guías del orga-nismo multilateral para compañías multinacionales. El director ejecutivo del Cedha, Jorge Taillant, dijo que los Estados parte de la OCDE, e integrada por 30 países, entre ellos Fin-landia, "asumieron el compromiso y tienen la responsabilidad moral" de hacer cumplir a sus empresas con intereses dentro y fuera de sus países las "guías" o "pautas de inversión responsable".

La palabra clave en la denuncia del Cedha es “presuntamente”. Es decir, se “presume”, se “supo-ne”, se “imagina uno”, o cualquier variante posible del tema –pero no se sabe con certeza, ni se ha podido demostrar todavía. Los abogados son pícaros y saben elegir las palabras que para muchos ingenuos lectores pasan desapercibidas. Pero que en los foros internacionales tienen validez. Con la palabra “presuntamente” el Cedha se evita una posible demanda judicial por falsa denun-cia. Pero mientras tanto sigue echando leña a un fuego que sus amigos de Greenpeace iniciaron hace años.

El Incumplimiento Presunto

En relación a los “efectos ambientales transfronteizos” denunciado por la Cancillería, el 19 de abril la embajada de Finlandia emitió un comunicado diciendo:

“… el emprendimiento de la empresa finlandesa tiene las autorizaciones y permisos del estado uruguayo y se están esperando los resultados del proceso de CIF del Banco Mun-dial”. Y termina aclarando que: “Finlandia da con mucho gusto a todos los que lo piden información del sector forestal, de la protección del medio ambiente y de la legislación y las normativas ambientales en Finlandia, de las cuales exige cumplimiento por parte de las empresas finlandesas".

En menos palabras, Finlandia obliga a sus empresas a cumplir en el exterior las mismas leyes que rigen dentro de Finlandia, por lo que no nos queda muy claro si la Cancillería ha sido bien asesorada al respecto por el Cedha o sus aliados asambleístas. Por lo tanto no parece que las razones expresadas en el informe del 3 de febrero tengan alguna validez, y sí parecen haber sido incluidas para consumo interno; para el periodismo masivo argentino –que no se caracteriza por la evaluación crítica de la información. La política (politiquería) interna está primero, la ciencia o los hechos com-probados, carecen de importancia.

No se comprenden las diferencias

Según el diario La Nación, “Por primera vez desde que se desató el conflicto por las papeleras, el presidente Néstor Kirchner reclamó la intervención de Finlandia en la controversia. Lo hizo en medio de una nueva exhortación a las empresas Botnia, de origen finlandés, y la española ENCE para que paren las obras de las papeleras que construyen en Fray Bentos durante un lapso de 90 días para hacer un estudio completo de impacto ambiental.”

"Vuelvo a pedir a Botnia y ENCE que paren por sólo 90 dias. ¿Por qué no nos arriman los elementos que tienen para terminar con las dudas sobre el impacto ambiental?", se preguntó el Presidente.

"Miren a este presidente argentino, que les pide que abramos las compuertas, que hagamos un estudio de impacto ambiental, y demos tranquilidad", exhortó durante un acto que encabezó en la Casa Rosada.

Enseguida, apuntó contra la administración finlandesa. "Ahí está la responsabilidad del gobierno de Finlandia que sigue callado y tendría que colaborar", aseguró.

Además de "nacionalizar" un conflicto inverosímil, lo convierte en un "conventillo". El presidente Kirchner ha venido demostrando una nociva tendencia al autoritarismo y a la demagogia, pero de una calidad que se inscribe dentro de la “chusmagogia”, aquella que está dirigida al piqueterismo –fomen-tado desde el inicio de su mandato- en la convicción de que la gente caerá en esa ingenua trampa y terminará creyendo sus argumentos y convalidando sus propuestas. No es así. Hay enormes sectores productivos argentinos que no concuerdan con la política económica del señor presidente –o más bien, la ausencia total de un plan económico que fomente la producción y el desarrollo nacional. Pero esos son otros temas que no tienen cabida en este corto espacio.

Sería de una enorme utilidad que se expresara de manera clara ¿cuál es la diferencia entre detener las obras durante 10, 60, o 90 días? ¿Qué nuevos elementos aportaría la detención de las obras? ¿En qué se beneficiarían los habitantes de Gualeguaychú o de Fray Bentos por esa detención? ¿Contribuiría esa detención a aventar la neurosis rayana en la paranoia de los ecologistas de Gualeguaychú? No, por cierto, dado que ya han lo hcieron saber repetidas veces: "No queremos las papeleras -de ninguna manera!"

Dado que las plantas no están funcionando, no están “contaminando”, por lo tanto, una detención de las obras sólo traerá un perjuicio económico a las empresas que deberán pagar salarios durante 90 días sin avance de las obras, o suspender a los obreros y técnicos, perjudicando a estos últimos. Alguien siempre saldrá perdiendo: si el gobierno uruguayo se hace cargo de los costos, pierde el pueblo uruguayo; y si los costos son afrontados por el gobierno argentino -que sería lo lógico- es el pueblo argentino quien sale pagando los platos rotos por los asambleístas de Gualeguaychú en la fiesta organizada por Greenpeace.

¿Quién se beneficia? El ego de los asambleístas y la “jurisprudencia” que Greenpeace y otras ONGs ecologistas habrían sentado. ¿La salud de la gente? No, por supuesto, dado que no existe emisión al ambiente de ninguna clase de dioxinas, furanos, mercaptanos, azufres, etc, --pero que sí seguirán emitiendo las papeleras argentinas sin que a nadie en el gobierno o entre los asambleístas se le mueva un pelo. Desde niños se nos enseñó que esta actitud se llama: Hipocresía.

También en el diario
La Nación del 20 de abril se publica un comentario del Dr. Gregorio Badeni, abogado y constitucionalista, que no hace mención expresa a las papeleras, pero que obviamente, el corte de los puentes y rutas era la razón fundamental de sus argumentos. Sus principales conceptos tienen que ser destacados y deben serles recordados a nuestros gobernantes:

La ley, el Estado y la convivencia

Por Gregorio Badeni

La autoridad

… Si la ley se viola sistemáticamente y si no se acude al principio de autoridad, no puede haber libertad y dignidad. Si la convivencia social desemboca en la arbitrariedad, en las reglas impuestas por la violencia, se introduce la ignorancia en las personas sobre las consecuencias que acarrearán sus actos.

No habrá un Estado de Derecho, sino de policía sujeto a las reglas arbitrarias fijadas por el gobernante o por los grupos sociales que cuentan con su conformidad. La aplicación del principio de autoridad, en una sociedad democrática, no es un acto de fuerza estatal sino un acto legal y justo que, como tal, jamás podrá ser calificado de desmedido.

El Estado de Derecho no ejerce actos de fuerza –propios del Estado de policía–, sino actos de autoridad legal para preservar o restablecer el orden y la seguridad.

Orden y seguridad a que se refería S.S. Juan Pablo II cuando proclamaba que "el sentido esencial del Estado como comunidad política consiste en el hecho de que la sociedad y quien la compone, el pueblo, es soberano de la propia suerte. Este sentido no llega a realizarse si, en vez de al ejercicio del poder mediante la participación moral de la sociedad, asistimos a la imposición del poder por parte de un grupo o todos los miembros de la sociedad".

Estos claros conceptos dejan muy en evidencia que el gobierno argentino ha estado siendo cómplice del delito de sedición, tal como lo expresa con radiante claridad el Artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina, delito agravado por los cometidos al violar los artículos 11 y 14 por omisión de actuar como lo ordena la misma Constitución. La sedición, por supuesto, es la que se comete cuando se desobedece al artículo 22 que dice tajantemente:

Artículo 22 - El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Hay que notar que el artículo 22 dice “peticione”, es decir solicitar a las autoridades alguna cosa atribuyéndose la representación del pueblo –de Gualeguaychú y más tarde de la Argentina- que se impida la instalación de las plantas de celulosa en un país vecino. Ni las autoridades competentes, el Gobernador de Entre Ríos, el Ministro del Interior, y el Presidente de la Nación hicieron nada para impedir que el delito de sedición continuase durante mas de un mes y medio –y todavía continúa, burlándose de la manera más impune concebible de las leyes, de la constitución y de las autoridades.

Dijo el presidente argentino que “… no levantaría mi bastón contra ellos”, refiriéndose a que no haría lo que las leyes le OBLIGAN a hacer. Pero esto va más allá de un simple estilo personal de interpretar las leyes argentinas. Indica que el señor presidente cree que la única manera de ordenar que se abran las rutas del país y se libere el paso por los puentes al Uruguay es cayéndoles a palos a los asambleístas piqueteros y haciendo correr sangre de argentinos.

Los Asambleístas de Gualeguaychú, aquellos que hoy dictan la política exterior del país, se han cansado de repetir que la suya es una protesta no violenta –a pesar de que estrellaron un cóctel Molotov en el parabrisas de un camión que pretendía pasar por el puente a Fray Bentos, dejando muy claro que nadie debería tratar de repetir la osadía, y que de no-violentos tenían poco.

Pero tomemos por buena la declaración de “no violencia”. Lo que Sr. Presidente Kirchner debe hacer es intentar dejar atrás la vieja tradición de “represor a palos y balas de goma” de los gobiernos argentinos (ya lo hizo en la ruta 2 a Mar del Plata y en la provincia de Santa Cruz –¿por qué no en Gualeguaychú? ¿Por qué esa discriminación irritante?) y llevar a los cortes de ruta unas 100 sillas de ruedas y unos 300 gendarmes con ramos de flores. Invitar gentilmente a los piqueteros a abandonar su posición y despejar la ruta. Por supuesto, los piqueteros verdes se negarán, también gentilmente. Corresponde entonces que el comandante de Gendarmería a cargo del operativo “liberación de rutas” y “afianzamiento de las leyes” le transmita a los sediciosos la orden presidencial de despejar la ruta.

Si los sediciosos se niegan a liberar el paso de las rutas –se negarán, como ya lo han expresado- el Comandante ordenará que tres gendarmes tomen amablemente a un piquetero y lo sienten –pacífica y gentilmente- en una silla de rueda y lo conduzcan al camión celular que estará en las cercanías. Otros gendarmes harán lo mismo con otro, y otro y otro de los piqueteros hasta que la ruta haya sido pacíficamente liberada, y el imperio de la ley haya sido restaurado en la región.

Como nos los hizo notar el Dr. Badeni, “La aplicación del principio de autoridad, en una sociedad democrática, no es un acto de fuerza estatal sino un acto legal y justo que, como tal, jamás podrá ser calificado de desmedido.

Los piqueteros no se resistirán porque dicen ser pacíficos y no violentos, que sí a la vida, al aire limpio y toda la letanía verde –pero no violentos por sobre todas las cosas. ¿O no es así, y sí son violentos y nos han estado mintiendo todo este tiempo?

Conclusión: Se miente, ¿para qué?

Lo que nos trae de vuelta a la declaración de la Cancillería Argentina del 3 de febrero del 2006, donde se acusa al Uruguay de incumplir el tratado CARU, al no avisar que instalaría las plantas sobre el Río Uruguay y hacerlo de manera inconsulta. Sin embargo, la mala memoria de los funcionarios argenti-nos (o el particular estilo en boga hoy) les ha hecho ocultar a la población argentina –sus mandantes- que el 14 de abril de 2004 el canciller Bielsa declaró ante la cámara de Diputados argentina:

“Respecto de M`Bopicuá, el acuerdo que suscribimos con Uruguay va a tener tres etapas. Una primera etapa es la que culmina con la aprobación del emprendimiento. Esta etapa tiene un ámbito que es la Comisión del Río Uruguay – la CARU- en la que la Argentina va a recibir toda la información por parte de Uruguay.

Como se sabe la Argentina ha presentado dos informes de impacto ambiental y los informes contienen los planes de remediación. La segunda etapa, que es la de construcción, es de cuatro años, respecto de la cual la Argentina va a tener una posibilidad de monitoreo, que no es un tema trivial, porque el punto está puesto en que existen procesos tecnológicos que permiten reducir al mínimo las consecuencias medioambientales, excepto que las plantas que tienen esa naturaleza son mucho más caras.

Entonces, Uruguay, en su carácter de país verde, es el sexto país en protección del medio ambiente a nivel mundial y tiene muy en cuenta estas preocupaciones. Me pareció que era una incumbencia que podemos reclamar de acuerdo con el tratado del Río Uruguay y la Comisión va a ser la que va a monitorear la construcción.[..]

Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a ese acuerdo.”

Y más adelante:

“Planta de Celulosa M´Bopicuá y Emprendimiento Botnia. De acuerdo a las “coincidencias específicas de ambas Delegaciones ante la CARU” con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta de celulosa a la vera del Río Uruguay fue diseñado un “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de plantas celulósicas” que junto con el “Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay” contribuye a mantener la calidad del recur-so hídrico. Asimismo, fueron revisados y actualizados los estándares de Calidad de Agua”, restando su incorporación al Digesto de Usos del Río Uruguay.

Caramba, caramba! ¿Por qué hay gente tan olvidadiza? ¿Por qué ningún funcionario ha asesorado al Presidente de la Nación de manera adecuada y certera? ¿Por qué se le ha ocultado esa información? Esta sería una excusa para que el Señor Presidente Kirchner pueda salvar el honor argentino, culpar a funcionarios menores e incompetentes, y decir “yo no sabía nada, he sido mal informado.” El problema radica en que sí lo sabía.

Alberto Fernández, ante el Congreso Argentino informa:

"En junio de ese mismo año (2004), se firmó un acuerdo bilateral por el que el gobierno argentino puso fin a la controversia. Se trata de un acuerdo que respeta, por un lado, el carácter nacional uruguayo de la obra y, por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a través de la CARU."

Memoria Anual 2004

En la Memoria Anual del Estado de la Nación 2004 (Argentina), presentada por el señor Presidente Kirchner al Congreso de la Nación, reza así:

“En el mes de marzo, Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este acuerdo respeta la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU".

Ahora Argentina irá a La Haya protestando porque Uruguay no cumple con la normativa vigente - a pesar de haberlo reconocido, de manera explícita y taxativa, mediante un acuerdo entre las partes. Me pregunto si con todos estos antecedentes el gobierno Argentino seguirá adelante con su intención de querer se escuchado con seriedad en la corte Internacional de La Haya. Es muy posible que a los jueces no les guste la idea de que se les tome por tontos.

Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC



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