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Uranio en el Agua de Ezeiza:
Lapidario Informe Final

por Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC

Finalmente se ha publicado el Informe del Peritaje Internacional sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Protección Radiológica del Público en la zona del Centro Atómico Ezeiza, elaborado por un grupo de técnicos internacionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), la Or-ganización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO).

Se trata de un grupo de técnicos del más alto nivel de excelencia técnica y científica en el orden mundial, donde no figuran representantes argentinos por un obvio conflicto de intereses. El infor-me es largo (50 páginas con Anexos, gráficos y tablas) y de una contundencia poco común en el campo de la ciencia. Las conclusiones, muy resumidas son que el “contenido de radioactividad y uranio en el agua en las cercanías del Centro Atómico Ezeiza está dentro de los parámetros normales para muchas regiones de la Argentina, y es inferior al de muchas otras regiones del país.”

El informe también asegura que no existe ni la más mínima razón para que la población se preocupe por su salud al beber el agua del abastecimiento público o de pozos y aljibes –por lo menos en cuanto a la radioactividad se refiere. La contaminación con otras sustancias como bacterias E. coli, nitratos y otros contaminantes escapa a la problemática del Centro Atómico Ezeiza.

El informe total está disponible en la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y puede descargarlo cualquier interesado. Extractamos del informe sus conclusiones:

5. CONCLUSIÓN

Con referencia a sus objetivos, el peritaje internacional permitió llegar, con un alto gra-do de certeza, a las conclusiones siguientes:

  • No hay contaminación antropógena (de origen humano) con elementos radiactivos en el suelo superficial, en el subsuelo, ni en las aguas superficiales o subterráneas utilizadas con fines de suministro de agua para consumo humano en la zona cons-tituida por los distritos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). En particular, no se detectó la presencia de uranio enriquecido o empobrecido.

  • Hay uranio natural en el acuífero de Puelche, como resultado de procesos geoquí-micos naturales.

  • Los niveles de radiactividad medidos en las aguas subterráneas cumplen las nor-mas internacionales de protección radiológica [2, 3] y, por lo tanto, no representan un peligro radiológico para la salud humana.

  • El agua para consumo suministrada a la población de las mencionadas localidades no contiene elementos radiactivos en niveles que sean nocivos para la salud.

  • En vista de los resultados de las mediciones efectuadas en las muestras de agua, no se prevén efectos sanitarios perjudiciales por exposición a radiación ionizante. Las estadísticas sanitarias respaldan esta conclusión.

  • Puesto que no hay contaminación antropógena con elementos radiactivos, no pue-de atribuirse contaminación alguna de ese tipo a actividades que se hayan realiza-do o que se estén realizando en el emplazamiento del Centro Atómico Ezeiza.

  • La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina regula adecuadamente las activi-dades del Centro Atómico Ezeiza.

    Además de un riesgo radiológico, el uranio puede también plantear un riesgo quí-mico. La base científica para evaluar este peligro está todavía en elaboración y hasta ahora sólo se dispone de un nivel de orientación provisional de la OMS. Aun-que el peritaje internacional se limitó a los aspectos radiológicos, se observó que en algunas muestras de agua la concentración de uranio natural supera los valo-res de orientación provisionales establecidos por la OMS para el uranio natural sobre la base de su toxicidad química. Algunas de las muestras de aguas subterrá-neas tomadas del acuífero de Puelche tienen un contenido de uranio que excede del nivel de orientación provisional de la OMS, pero cumplen con el nivel de refe-rencia establecido en la normativa argentina pertinente.

Responsabilidad Civil

Resta ahora determinar la responsabilidad civil y penal de quienes iniciaron una campaña de des-información basada en una FALSA DENUNCIA sobre la existencia de uranio en las aguas de la región de Ezeiza, La Matanza, y Esteban Echevarría, afectando a una población de 1.618.069 per-sonas en sólo esos tres distritos, y que fueron alarmadas de manera innecesaria. Se le ha creado a la población de esa región una neurosis que puede tener serias consecuencias para su salud física y mental, comprobada que las neurosis acerca de la salud se pueden convertir en psicosis y sín-dromes hipocondríacos que aumentan el nivel de estrés del individuo y afectan severamente al sistema inmunológico.

La campaña fue iniciada, como resulta ya acostumbrado, por la multinacional del alarmis-mo ecológico Greenpeace, a través de su filial argentina la Fundación Greenpeace Ar-gentina. La campaña se basó en la publicación masiva de datos falsos, proyecciones obtenidas sobre esos mismos datos falsos, exageración de efectos sobre la salud que no tienen sustento científico, etc, presentando datos y cifras de un informe elaborado por un perito judicial sin los suficientes conocimientos sobre el tema –peritaje que ha quedado reducido al nivel de incompe-tencia absoluta por los diversos estudios e informes posteriores realizados por científicos de reconocida autoridad mundial.

Dejando de lado el negativo efecto sobre la salud mental y ánimo de la población de gran parte del Gran Buenos Aires, queda por dilucidar el aspecto de las responsabilidades penales y civiles que presentan esa FALSA DENUNCIA. El estado argentino ha debido desembolsar grandes canti-dades de dinero –divisas- para lograr aclarar el asunto y llevar tranquilidad a la población, aun-que es poco probable que la población haya sido tranquilizada en verdad vista la acción constante de muchas ONGs y grupos pseudo ecologistas que mantienen vivo el espíritu alarmista de la falsa denuncia iniciada por Greenpeace.

Es necesario que la CNEA inicie en la justicia los trámites para determinar las responsabilidades civiles y penales. O que fiscales responsables inicien de oficio la investigación y procesamiento de los responsables de la campaña y que se los condene a ellos o a su organización madre a rembolsar al Estado argentino los fondos despilfarrados tan grotesca como inútilmente –como si no hubiesen urgentes problemas de salud que atender en el conurbano bonaerense (comenzando por el Ria-chuelo) o la provisión de insumos médicos y equipamiento científico a los hospitales regionales. Es una cuestión de prioridades: o el Estado argentino toma los recaudos para “marcar la cancha” y establecer reglas en el futuro sobre la responsabilidad que se genera en las falsas denuncias “am-bientales” o seguirá gastando dinero en limpiar la basura que las organizaciones como Greenpeace van creando en la mente y la salud de la población.

Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC


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