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Una Chancha Que No es Andar

Por Eduardo Ferreyra

Desde esta semana, hasta nadie sabe cuál fecha en el futuro, el tema técnico y científico de las papeleras es “Caso Cerrado”. Todo lo que suceda en relación al mismo saldrá publicado en la crónica policial –la sección en donde los diarios publican las noticias relativas a los delitos cometidos en el país. Ahora el gobierno tiene entre sus manos una papa demasiado caliente y está subido sobre una chancha imposible de cabalgar. Debieron recordar que resulta fácil subirse a un tigre –lo peligroso viene a la hora de querer bajarse del mismo.

Volvieron los cortes de rutas y puentes. Los Asambleístas dieron su grito de Ipiranga y se han declara-do independientes. Quienes los usaron con mezquinos fines políticos, y les habían seguido el juego estableciendo que el “derecho de expresión” está por encima de todos los demás, ahora están en lo más profundo del pantano –que quien escribe esto hace meses que les estaba advirtiendo que les resultaría difícil de salir. No quisieron escuchar que el derecho a expresarse no es excluyente de ningún otro derecho. Puede uno expresarse sin coartar los derechos de los demás. Dicen las últimas noticias de La Nación.com:

Advertencia oficial a los asambleístas

 El Gobierno responsabilizó a los vecinos de Gualeguaychú por las consecuencias jurídicas que pueda traer el corte de ruta

El gobierno de Néstor Kirchner asumió ayer su postura más dura hacia los asambleístas de Gualeguaychú desde que estalló el conflicto por las papeleras: expresó en un comunicado oficial su desacuerdo con el corte de ruta que comenzará hoy y responsabilizó a los vecinos de esa ciudad entrerriana por "los daños que ocasione tal accionar a los intereses argentinos".
[…]
Allí se resolvió emitir una declaración que sirviera, a la vez, para desalentar a los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y despegar al Poder Ejecutivo de una acción que -según declararon- podría perjudicar a la Argentina en los organismos internacio-nales. De todos modos, el Gobierno mantendrá su postura de no impedir formalmente la protesta.

Vanas ilusiones las de los funcionarios que creen que se puede “razonar” con un grupo de personas aterrorizadas y presas de una neurosis casi terminal. Es imposible razonar ni negociar con un enorme Frankenstein que ha tomado vida propia. No se hagan ilusiones. Tienen razón los asambleístas de estar aterrados. Las falsedades que se les ha contado sobre los horribles efectos que tendrán las plantas no podían causar más que esa lógica reacción. Pero que la reaccion sea lógica no justifica que se reac-cione cometiendo delitos y coartando derechos de los demás. Difícil será reeducar a la gente de Gualeguaychú y convencerlas de que, en verdad, no hay motivo de preocupación. Por otro lado, los responsables tienen que ser castigados con todo el peso de la ley.

Repasando cualquiera de los artículos que hemos publicado en este sitio, se podrá comprobar que todas y cada una de las cosas que han sucedido fueron “profetizadas” con absoluta certeza. Es doloroso com-probar que uno tenía razón, y qué poco consuelo es recordar que “Les habíamos avisado!”. Si de algo sirve la experiencia es para tratar de no repetir los mismos errores. El gran error cometido por el gobierno fue el de no reconocer públicamente que la actitud de la Asamblea de Gualeguaychú estaba encuadrada dentro del Artículo 22 de nuestra poco respetada Constitución:

Artículo 22- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

No era necesario, sin embargo enviar a Gendarmería y a la Policía Federal a que, como de costumbre, les caigan a palos por el lomo, como lo hicieron en Santa Cruz, la Ruta 2, o en los subterráneos de Bue-nos Aires. Se podía simplemente haber enviado a un emisario que les hiciese ver a la entonces asesora de los “ciudadanos sediciosos”, la actual Secretaria del Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dra. Romina Picolotti, que existe un artículo en el Código Civil, el 1109, que dispone, parcialmente, que:

“Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio”.

Con hacerle comprender que en un estado de derecho, las leyes tienen que cumplirse, por más que a alguien le duela, y que los daños y perjuicios causados a los comerciantes y pobladores de Uru-guay son reales y cuantificables. Que si Uruguay reclama una indemnización, quienes sean responsables tienen que pagar. Los miembros de la Asamblea son conocidos y todos están per-fectamente identificados. Si Uruguay reclama una justa indemnización por los daños, los responsables tienen que hacerse cargo. Es la Ley. Si el gobierno no cumple con la ley, ¿con qué derecho quiere que los argentinos lo hagan? ¿Qué capciosa interpretación de la Ley harán?

El problema es que entre todos los habitantes de Gualeguaychú difícilmente puedan reunir los 400 millones de dólares de un futuro reclamo. Como el gobierno no ha cumplido “con la debida diligen-cia” con aquello que las mismas leyes argentinas le obligan –para no hablar de lo que ha firmado en el Tratado del MERCOSUR, y que el tribunal se lo hizo muy claro– el pueblo de la República Argentina es co-responsable de los daños causados al país hermano. País al que no se ha tratado, precisamente, como a un hermano.

Entonces, ¿cómo piensa el gobierno resolver el problema que se ha vuelto una brasa candente? No parece tener mucha idea de cómo hacerlo ni tampoco parece tener demasiada voluntad. Porque las noticias dicen:

"El gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Entre Ríos expresan su desacuerdo con la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú de promover el corte de las rutas que unen a nuestro país con la República Oriental del Uruguay", dice el comunicado, firmado por Fernán-dez y por Busti.
[…]
Luego aparece la frase más dura que el gobierno kirchnerista haya pronunciado públicamente contra los asambleístas: "Siendo así, los daños que ocasione tal accionar a los intereses ar-gentinos correrán por cuenta de quienes así procedan".

Habrá que ver si realmente toman el toro por las astas y aplican la ley como lo establecen todos los códigos civiles, penales y la Constitución Nacional. Tienen los nombres, la AFIP y otras instituciones conocen los bienes de los sediciosos, que se deberían embargar preventivamente a la espera de la demanda de Uruguay. Es necesario que la actitud irracional y porfiada de unos pocos no resulte en perjuicio del resto de los argentinos que no han cortado rutas –ni lo hubiesen hecho por ser un delito.

Los entretelones de este culebrón ecológico-psiquiátrico son un muestrario del grado de decadencia en el que nuestro país ha ido cayendo llevado de la mano de gobernantes poco aptos para la función de administrar con prudencia un país.

"Les pido por favor"

La encargada de transmitir en persona esta posición a los ambientalistas entrerrianos fue Picolotti. "Le pido por favor a la Asamblea de Gualeguaychú que reflexione", dijo la funcionaria en una conferencia de prensa, minutos antes de reunirse con los asambleístas. "La modalidad de corte no es funcional a los intereses del Estado argentino, que son los intereses de los argentinos, que es que Botnia [la papelera finlandesa] no se instale en ese lugar del río."

Extraño pedido de quien asesoró a la Asamblea y no la disuadió en su momento de no realizar cortes de rutas y puentes porque eso conspiraría contra un reclamo judicial ante La Haya –y no ya porque simplemente es un delito. Que su asesoramiento no ha sido lo acertado que ellos creían se reflejó en el famoso “14 a 1” de La Haya. Ahora asesora al país en el "cuidado del ambiente."

También confunde la Dra. Picolotti los “intereses argentinos” con los “intereses personales” de grupos ecologistas como el de Greenpeace, por ejemplo, quien impulsó la “acción directa” y la violencia disfra-zada de “libertad de expresión”.

Violencia es cuando un ejército avanza y ocupa posiciones que no le pertenece. La Alemania nazi anexó los Sudetes sin “violencia”; sin golpear a nadie. Claro, ¿Quién se atreve a oponerse a una multitud de varios miles de soldados –o iracundos asambleístas que marchan cortando el paso a quien quiera transitar libremente? Tenemos la experiencia argentina de los piquetes, que dicen actuar sin violencia –pero con las caras cubiertas y garrotes en las manos. Y a quienes alguna vez osaron protestar, les partieron el cráneo a palos y por la espalda. Claro, es la manera de expresarse de los violentos: cortar rutas y calles exigiendo el cumplimiento de sus perentorios reclamos. Y el gobierno siempre miró para otro lado –cuando le convenía a sus intereses políticos.

En el Gobierno esperan frenarlos para el verano. Con las rutas bloqueadas, Uruguay puede decidirse a pedir un resarcimiento en el Mercosur (que ya culpó a Kirchner por los cortes de ruta) y La Haya nunca fallaría en favor de la Argentina con la frontera tomada.

Al echarles la culpa a los asambleístas el Gobierno añade otro eslabón en la cadena de contra-dicciones en que incurrió a lo largo del conflicto: hace dos meses -ante el tribunal del Merco-sur- equiparó el derecho de cortar una ruta con la libertad de expresión; ahora condena el método y les echa toda la culpa a sus promotores.

De paso, la encargada de expresar en público la queja fue Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente catapultada al cargo por su militancia antipapeleras con los vecinos entrerrianos.

¿Nos harán caso?

Siguen diciendo los diarios:

El comunicado de ayer, en el que responsabiliza a los asambleístas por los daños que pudie-ran causar los cortes, es un primer intento por meter una cuña entre los vecinos movilizados.
[…]
De paso, la encargada de expresar en público la queja fue Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente catapultada al cargo por su militancia antipapeleras con los vecinos entre-rrianos.

Dije antes que es antipático decir: “Yo les avisé”. Pero siempre es útil recordar los consejos que nos se siguieron y que, de haberlo hecho, no se estaría tan adentro del pantano. Por ello tengo que recordar lo escrito el febrero del 2006, en La Caja de Pandora de Busti, al respecto del futuro del conflicto:

“Pero, al final, ¿quién causó los daños a los propietarios de los camiones chilenos, a los choferes chilenos? Fuenteovejuna. ¿No hay nadie identificado con nombre y apellido? Las cámaras de la televisión mundial dicen que sí: Greenpeace lo hizo portando banderas y estandartes que les identificaban con toda claridad. Dijeron, “Acá estamos nosotros, y donde nosotros mandamos no manda Gendarmería, ni Policías ni Fuerzas Armadas.” Donde nosotros pisamos no crece más el pasto, deberían haber agregado.”

”Sin embargo, la “pueblada” que se consideró con suficiente derecho para causar estos daños no es la única responsable. Un gobernador de provincia que “solicita y pide” a la pueblada que interrumpa su accionar inconstitucional no es menos responsable. Un gobernador en ejercicio de sus funciones que no hace cumplir lo que las Leyes Nacionales le obligan, es tan cómplice como los delincuentes en abierta sedición que deliberan, gobiernan y disponen privaciones ilegítimas de la libertad y de tránsito en nombre de un Pueblo que no les ha votado ni les ha conferido tal mandato.”

“O cumplimos con las leyes que hemos aceptado para gobernarnos en paz y armonía, o el país caerá progresi-vamente en la anarquía y la disolución que las actividades piqueteras viene impulsando desde hace varios años. Ya se han dado los primeros pasos. ¿Cuántos más se habrán dado hasta que las autoridades caigan en cuenta de que no pueden seguir mirando para otro lado?”

“¿Cuánto tiempo más transcurrirá hasta que el gobierno se decida a meter a los demonios otra vez dentro de la Caja de Pandora que abrió sin pensar en las consecuencias? Pandora no pudo hacerlo. ¿Podrá hacerlo el go-bierno?”

Pero el gobierno parece tener la tímida intención de hacer algo:

En el Gobierno esperan frenarlos para el verano. Con las rutas bloqueadas, Uruguay puede decidirse a pedir un resarcimiento en el Mercosur (que ya culpó a Kirchner por los cortes de ruta) y La Haya nunca fallaría en favor de la Argentina con la frontera tomada.

¿La solución? Artículo 22 de la Constitución Nacional, y artículo 1109 del Código Civil. No hay otra salida. La Haya y el MERCOSUR nos han cortado toda retirada. Ahora hay que contratar a un ejército de psicólogos que curen a los Gualeguaychenses de su casi incurable neurosis. Claro que hay otros responsables, y el gobierno debe hacer que Greenpeace y el CEDHA afronten la responsabilidad que les cabe por haber enfermado de miedo a los pobladores de una enorme región de nuestro país.

La renuncia patriótica de Picolotti descomprimiría la situación y sería un paso hacia una problable solu-ción. Las cabezas de turco que ruedan evitan que la sangre llegue al río.


Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC


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