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El WWF articula campaña mundial contra la soja brasilera

Informe desde Río de Janeiro, Brasil, de Alerta en Rede

Rio, 15/jun/04 – Como hemos informado anteriormente, un grupo de ONGs lideradas por el capítulo "amazónico" de Friends of Earth (Amigos de la Tierra) consiguió postergar la financiación de 30 millones de dólares al grupo Amaggi por parte de International Finance Corporation (IFC), órgano de financiamiento privado del Banco Mundial. Las ONGs exigían que el financiamiento clasificado como categoría "B" en términos de impactos ambientales – que no serían potencialmente significativos y podrían benficiarse con medidas mitigatorias – fuese reclasificado como categoría "A", mucho más restrictivo, por entender que el préstamo se aplicaría a una actividad económica (soja) que "viene contribuyendo intensamente con la deforestación del amazonas" (sic).

El pasado 7 de junio, los representantes del IFC se reunieron en Brasilia con una delgación de las ONGs Amigos de la Tierra, Instituto Socioambiental (ISA), The Nature Conservancy (TNC), Worldwide Fund for Nature (WWF), y el Instituto de Investigación Ambiental de Amazonia (IPAM) para discutir el tema. De acuerdo a la nota alusiva emitida por las ONGs, el IFC informó en la reunión que la decisión acerca del financiamiento al grupo Amaggi será postergada hasta una fecha no determinada, probablemente hasta el próximo mes de julio.

En realidad, este ataque verde al grupo Amaggi no es un caso aislado, sino que forma parte de una nueva campaña mucho más amplia concebida y dirigida por el WWF, cuyo inicio más visible ocurrió en agosto del 2003, para definir criterios "ambientalmente sustentábles" para la producción agropecuaria en países del Tercer Mundo. En octubre del mismo año, el WWF emitió el informe “The Impacts of Soybean Cultivation on Brazilian Ecosystems” (Los impactos del cultivo de soja en los ecosistemas brasileros) en donde concluye que la producción de soja en Brasil está implicada en los altos costos asociados a la deforestación de las selvas tropicales, comunidades locales y derechos indígenas. Para revertir este patrón de producción "no-sustentable", el informe propone acciones por parte de los integrantes de la cadena productiva de soja en el sentido de aumentar los beneficios "sociales y ambientales". Para desarrollar y hacer cumplir estas acciones, el informe propone, naturalmente, la actuación de entidades [léase ONGs] nacionales e internacionales.

En enero pasado,el WWF patrocinó, junto a una pléyade de ONGs holandesas y multinacionales, el seminario "Producción Sustentable de Soja: perspectivas para el futuro, un sentimiento de urgencia". El seminario fue realizado en Amsterdam, Holanda, en donde se consolidaron las primeras estrategias para la campaña. Una de las acciones operativas emanadas del encuentro fue la creación de Articulación Soja-Brasil, coordinada por la Fundación CEBRAC (Brasília) y patrocinada por las ONGs holandesas Fundación DOEN, Cordaid, y Solidaridad.

La Articulación realizó varias reuniones con las ONGs en Brasil pra consolidar "criterios" para "reducir los impactos negativos, en términos sociales y ambientales, de las plantaciones de soja". El primero de estos criterios estipula que, a partir de la próxima cosecha (2004/05), los grandes compradores y consumidores de soja (fundamentalmente en Europa) sólo adquieran el grano originado en las áreas que fueron legalmente deforestadas antes del 31 de diciembre de 2003.

La filosofía de la campaña verde en contra de la producción de soja en Brasil fue explicada por Mauricio Galinikin, del CEBRAC: "No tiene sentido querer detener la deforestación vía legislación, vía órdenes y controles. Este y cualquier otro gobierno, todos los anteriores y los próximos, difícilmente van a conseguir controlar de manera efectiva un área tan grande como la Brasilera". Para Galinkin, la rápida destrucción de la biodiversidad - del "Cerrado" y ya comenzando a penetrar en la Amazonía - y de las comunidades tradicionales, los prejuicios causados a los pequeños productores y a las poblaciones residentes en sus inmediaciones por la aspersión de agrotóxicos en el aire y la contaminación de las aguas, entre otros, son desconsideradas por parte del agronegocio, gobiernos y la mayor parte de los medios, o cómo máximo, son cargados en la cuenta de los costos naturales que la población tiene que pagar para que el país progrese. "Nosotros estamos haciendo un llamado a esas empresas para que cumplan sus responsabilidades con la sociedad humana y con el planeta, Estamos proponiendo que ellas adopten criterios de compra social y ambientalmente responsables", dijo Galinkin.

Otros criterios definidos por las ONGs para la plantación de la soja son:

  • En el bioma Amazonia, como lo define el IBGE, sólo debe ser adquirida la producción de soja originada en áreas legalmente abierta/deforestada hasta octubre de 1999.

  • La propiedad productora de soja no puede haber sido constituida o ampliada con el agregado de lotes inferiores a las 200 há, que hayan sido adquiridos después de octubre de 1999, principalmente si son oriundos de lotes originalmente producidos para asentamientos de la reforma agraria.
En la reunión que tuvieron el día 7 de junio pasado, con los representantes del IFC, las ONGs exigieron que la financiación al grupo Amaggi sólo fuese concedido mediante el compromiso de cumplimiento de estos criterios. Para apoyar sus exigencias, las ONGs disponían del informe "An evaluation of International Finance Corporation financing of Grupo André Maggi in the soybean sector: Environmental and social impact considerations” (Una evaluación del financiamiento del IFC al Grupo André Maggi en el sector de la soja: consideraciones de impactos ambientales y sociales), fechado el 14 de mayo pasado y elaborado por un equipo de analistas de la Universidad de Florida, EEUU. El informe concluye que la clasificación del financiamiento en la categoría B es inapropiado: El Grupo Maggi, bien establecido y con gran poder económico y político, está mediando en la expansión rápida de la soja en dirección a la Amazonia a través de la construcción de puertos y caminos, y atrayendo a otros grandes productores y compradores de soja para esta región. En este amplio contexto del cultivo de soja en el Mato Grosso, recomendamos que este proyecto, y cualquier otro financiamiento, sean reclasificados de la Categoría B a la Categoría A, de acuerdo al IFC [...]

La reclasificación del proyecto podrá traer una oportunidad única al IFC para reestructurar el monitoreo de un gran proyecto, como el Amaggi, y también de incorporar un compromiso mayor con las entidades sociales y ambientales dentro de sus operaciones, en cuanto a la supervisón de los productores... Por ejemplo, mayor supervisión del Grupo Maggi, ellos podrían monitorear las operaciones de los pequeños productores de soja que proveen granos al Grupo, al momento en que el Grupo Maggi les provee de pesticidas y semillas durante la siembra [... ]

Además, el IFC debería reconocer, e incluir, movimientos y coaliciones sociales existentes como potenciales socios en colaboración con la sociedad civil en el proceso de las decisiones, y por lo tanto, "decentralizar" del desarrollo de esta región de soja en expansión.

De hecho, esta nueva campaña del aparto ecologista internacional no pasa de ser una mal disfrazada barrera no-tarifaria a las exportacionex Brasileras de soja - y en brve, de otros productos - hacia Europa. Esta campaña debe ser analizada en conjunto con otros obstáculos a los emprendimientos de infraestructura en el Brasil y en otros países sudamericanos, creados por el aparato ecologista en el nombre de la "protección" ambiental y de los derechos indígenas, como por ejemplo los “Princípios de Ecuador”, que condiciona la concesión de préstamos de bancos privados por encima de los 50 millones de dólares al cumplimiento de exigencias ambientales y sociales adicionales a las previstas en las legislaciones de los respectivos países en donde son ejecutadas esas obras.

Para evidenciar las diferencias de tratamiento, nótese que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) recién aprobó la finacniación de $ 34,1 millones de dólares a la empresa Hermasa Navegaçao da Amazonia S/A, del grupo Maggi, en una operación destinada a aumentar en 1 millón de toneladas anuales el volumen de transporte fluvial de granos por el Río Madeira, y duplicar la capacidad de la terminal del puerto flotante de Itacoatiara, en el Amazonas, uno de los principales corredores de exportación de la soja producida en el Centro-Oeste.


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