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    California Impide que Abogados se Hagan
    Ricos Demandando por el Glifosato

    Hank Campbell

    ACSH
    Marzo 1º, 2018

    William Shubb, Juez Senior de la Corte del Distrito del Este de California, puso un alto a los sueños de champagne y caviar de abogados buitres de California, del Grupo de Trabajo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) participante de demandas, y a los grupos de la industria orgánica que tenían la esperanza de obtener jugosas ganancias a causa de la absurda clasificación hecha por el IARC sobre el glifosato que había distorsionado al consenso científico.

    El Juez Shubb dictaminó que las compañías no pueden ser obligadas a mentir colocando etiquetas de advertencia en los envasaes del glifosato, un activo ingrediente en productos como el inocuo herbicida Roundup.

    California era el lugar perfecto para iniciar la demanda judicial porque es el único estado que ha abdicado su ciencia y su salud pública a un organismo extranjero. Estar ubicado en una lista del IARC es una de las cuatro maneras por “default” que tiene un producto, una sustancia o una tecnología, de ser incluido en la lista de la Proposición 65 de California, el Acta de Obligación de Agua Potable Segura y Tóxicos (Prop 65).

    Ese referendum, que fue convertido en ley por decreto en 1986, sin pasar por la legislatura, era considerado bastante inofensivo. Y lo era en esa época cuando el primer director del IARC era un miembro del ACSH, el American Council on Science & Health, y el IARC era una organización legítima. Ellos estaban en la tarea de hallar cuáles riesgos conducirían al cáncer. Cuando ellos encotraban a uno, se hacían más estudios para determinar al riesgo posible.

    Sin embargo, aún entonces algunos críticos estaban preocupados porque esto podría ser abusado. Y lo ha sido. El IARC, que todavía no calcula el riesgo, sin embargo se promociona a sí mismo de manera desvergonzada hablan-do de riesgo en sus partes de prensa sobre sus hallazgos. Y cuando se les han terminado los riesgos para estu-diar, comienzan a inventarlos. Hoy su lista está compuesta de más de 1000 ítems y es prácticamente imposible de ir a alguna parte en California sin ser advertido por carteles y etiquetas que uno puede contraer cáncer. ¿Quiere usted ganarle una apuesta a su cuñado que el tocino es tan malo para uno como comer plutonio o inhalar gas mostaza? El IARC puede hacerlo.

    Ahora el asunto es tan ridículo que hasta a la gente con cáncer en la guardia de un hospital oncológico les muestran avisos diciéndoles que el plástico en el hospital les podría causar cáncer.

    Un aviso real enviado por un verdadero oncólogo de un real hospital oncológico de California.
    Por razones obvias, ellos quieren permanecer anónimos.

    Entonces, ¿por qué un juez ha bloqueado los esfuerzos para hacer obligatorias a las etiquetas en envases de productos? Porque no existe evidencia científica alguna de que el compuesto es perjudicial. Es una violación a la Constitución obligar a los comercios y empresas a mostrar “declaraciones falsas, engañosas y altamente controver-siales” en sus productos. Las empresas no pueden mentir y embarcarse en falsa publicidad para ganar una porción del mercado y tempoco pueden ser forzadas a mentir haciendo falsas advertencias negativas acerca de sus productos.

    Siempre hay ganadores y perdedores en estas luchas, de manera que este es la tabla de los tantos:

    Los Grandes Perdedores
    Baum Hedlun Aristei Goldman PC, en los Angeles, y Weitz & Luxenberg PC en Nueva York. Lo lamento, amigos, tendrán que comprar su próximo yate volteando a algún otro en vez de los granjeros de California. Podrían quizás tratar de sacarle dinero a Johnson & Johnson por su talco para bebitos. No hay ninguna ciencia que apoyaría a esa demanda, pero los demandados parece estar siempre muy dispuestos a llegar a un acuerdo económico sobre las demandas.

    El Dr. Chris Portier – A solicititud de Portier, el IARC cambió las reglas de su Grupo de Trabajo de modo que cualquier experto que hubiese aceptado honorarios de consultor no podría participar en el Grupo de Trabajo. Sin embargo, el voluminoso monto de los pagos recibidios por Portier del Environmental Defense Fund estaba excep-tuado porque el EDF es una ONG activista anticiencia, y no una corporación en busca de ganancias. Portier tam-bién recibió un lucrativo contrato ($160.000 en 2017) para apoyar y asesorar a los abogados que esperaban demandar a Monsanto por miles de millones de dólares por el glifosato, aún antes de que la monografía del IARC hubiese sido publicada, tal como lo demostró David Zaruk con la declaración jurada hecha por Portier en la firma de abogados Weitz & Luxenberg el 5 de septiembre de 2017.

    La Asociación de Consumidores de Orgánicos (OCA) – el grupo activista de la industria orgánica. Ellos tienen la intención de lograr, mediante el uso de leyes, los tribunales, y el hostigamiento a los científicos lo que sus clientes no pueden hacer en el mercado libre: aumentar sus ganancias. Esta decisión ha sido una gran bofetada en su cara. Los sitios de propaganda rusa como Russia Today (RT) y Sputnik han escrito artículos despreciando y socavando a la ciencia agrícola norteamericana en preparación para las demandas judiciales en California, y y todos las evidencias apuntan a la OCA o a algunos de sus ONGs subsidiarias como los culpables. Esto será muy malo para sus solicitudes y recepción de donaciones en 2018

    Los Grandes Ganadores
    El pueblo de norteamérica. Mientras que los abogados siempre lo presentan como que ellos están haciendo sus demandas para proteger a los más débiles, de manera invariable son los más débiles los que tienen que pagar mayores costos cuando los grupos litigiosos consiguen arrancar un acuerdo financiero a las compañías demanda-das. En 2018, la cultura corporativa está tan manejada por el miedo que no sólo piden perdón por estar en la actividad productiva de algo, sino que les dan grandes cheques a los abogados, ya sean al Centro Para la Ciencia en el Interés Público (CSPI), o al Centro por la Seguridad Alimentaria, una firma privada, siempre alerta y muy dispuesta al saqueo. Finalmente alguien se puso firme ante este tipo de extorsiones. Y ha funcionado.

    La Oficina de Evaluación de Riesgos Ambientales, parte de Cal-EPA sólo pudo ofrecer un lastimero”Estamos contentos de que el listado del glifosato permanece en efecto, y creemos que nuestras acciones fueron legítimas.” Luego se apresuraron a decir que ellos estaban creando su propia determinación de “nivel de ningún riesgo signi-ficativo” - a pesar de que la EPA y docenas de otras organizaciones mundiales ya lo hicieron, a fines del año pasado.

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